Firmada la Nueva ley de Permisos

Unos la califican de atrocidad, otros de antídoto contra la corrupción

SAN JUAN — Convencido de que será un antídoto contra la corrupción, el gobernador Luis Fortuño firmó el martes la nueva Ley para la Reestructuración y Agilización de Permisos, que autoriza a ciertos profesionales del sector privado a asumir el rol gubernamental de otorgar permisos.

Según el mandatario, actualmente cerca de 50% de los proyectos residenciales fueron desarrollados sin los permisos requeridos a raíz de lo engorroso y extenso del proceso de permisología.

“Un sistema tan difícil, tan complejo que tomaba años echar adelante permisos, lo único que hacía era propiciar la corrupción”, sostuvo en conferencia de prensa.

El nuevo estatuto crea la Oficina de Gerencias de Permisos (Ogpe), que se encargaría de conceder permisos relacionados al desarrollo y uso de terrenos.

“Este proceso es ágil y por ende transparente, y evitará la corrupción en el proceso de permisos en Puerto Rico”, añadió el mandatario.

La nueva ley dispone que la Ogpe comenzará operar en o antes de un año y ordena que todo el personal de la Administración de Reglamentos y Permisos sea transferido a la nueva dependencia.

El estatuto ha recibido fuertes críticas de diversos grupos profesionales y comunitarios que entienden que atenta contra el ambiente.

Para el planificador ambiental José Rivera, la nueva ley es atroz y antidemocrática.

“Esta es una ley que va en contra del desarrollo económico de Puerto Rico porque parte de la premisa de que el ambiente es un problema, es un obstáculo, y eso es una visión vieja, primitiva”, sostuvo el martes en entrevista radial (WKSN).

“En el mundo moderno, el ambiente se ve como un factor vital para el desarrollo económico de los pueblos, por eso es que se protege”, añadió.

A su juicio, la parte “perversa” del estatuto es que revoca leyes protectoras del ambiente para que se ajusten a la exigencia de un sector económico que quiere que los permisos se le den rápido y no puedan ser impugnados.

“Es una ley que contiene enmiendas a leyes importantes que a lo largo de los últimos 30 a 40 años (fueron aprobadas)… para garantizar una infraestructura verde, una infraestructura natural que nos permita desarrollarnos en el presente y el futuro”, añadió.

Rivera criticó que la ley establezca que los permisos sólo pueden ser impugnados en el Tribunal Supremo, que está dominado por jueces de la ideología de Fortuño.

“Esta ley es atroz, esta ley va en contra de las comunidades, esta ley no permite que un permiso pueda ser impugnado y solo podrían impugnar los permisos los millonarios, que son los que van tener el dinero para depositar la fianza. Esto es una cosa que antidemocrática”, manifestó.

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